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16 de octubre de 2014

Analizan giro de SCJN hacia los derechos humanos en México

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Nota generada por:
Universidad de Monterrey

El rol de la justicia constitucional en México ha dado un viraje a partir de este siglo, pues de ser un instrumento de solución de conflictos políticos pasó a ser un órgano centrado en la protección de los derechos humanos, en opinión de Eduardo Román González.

El “golpe de timón” que la Suprema Corte de Justicia dio a partir de 2000 se explica solo por el contexto de violencia generalizada que se ha generado en el país, sostuvo el profesor investigador de la Universidad de Monterrey, este martes 14 de octubre, al presentar su libro “Justicia constitucional y democratización. Un estudio de tres casos latinoamericanos: México, Argentina y Chile”, en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2014.

El autor aclaró que, aunque la Corte puede hacer ciertas aportaciones, “ciertamente no podrá evitar casos de violaciones: lo que sí puede hacer es ir marcando pautas”.

Román González expuso que a México le sigue faltando un elemento esencial, que es garantizar la vigencia real de los derechos humanos.

“Estamos en un contexto en el que, a pesar de que ya estamos en una democracia, seguimos cojeando de esa pata; es un tema que no hemos podido afianzar: la protección de derechos”, afirmó.

En la conferencia, el maestro de la UDEM describió un itinerario sobre las transformaciones en la relación entre la Suprema Corte de Justicia y la Constitución, en el caso de México, y cómo la justicia, en México, Argentina y Chile, ha venido ampliando el espectro de sus atribuciones.

Señaló que, después de la reforma de 1994, la Corte se empoderó a sí misma a través de distintas resoluciones para eventualmente protegerse de algún ataque de las fuerzas políticas.

Después de 2000, la Corte se enfocó mucho en la solución de conflictos políticos y se posicionó muy bien como un órgano confiable.

“Esto le dio una gran legitimidad hacia los actores políticos, pero no necesariamente hacia los ciudadanos; ese el cambio más importante que podemos observar en los últimos años, cómo la Corte se ha enfocado ya no tanto hacia la solución de conflictos políticos, sino con una clara agenda de derechos humanos”, sentenció.

Román González estuvo acompañado de José Pablo Abreu Sacramento, asesor del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Carlos Emilio Arenas Bátiz, Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, en la Sala 102 de Cintermex.

Arenas Bátiz se refirió a la justicia constitucional como una “compañera de viaje” en los procesos de democratización en los casos de México, Argentina y Chile.

El abogado refirió que en una primera instancia, en 1994 la Suprema Corte de Justicia reforzó el control concentrado de constitucionalidad, pero a partir de 2011 liberalizó ese control.

“Sin embargo, ahora con las reformas de 2011 eso da un giro de 180 grados y se adopta en nuestro país el control; tal vez sea ése un síntoma del grado de democratización en el que vivimos”, expresó.

Agregó que cuando empezó el proceso en el año de 1994, tal vez fue bueno que la Corte concentrara esas atribuciones de control de constitucionalidad porque solo ellos tenían el peso político y la legitimidad democrática para tomar decisiones de gran trascendencia política que implicaban, incluso, enfrentar a los otros poderes.

“Y ya que han logrado acumular una legitimidad política fuera de toda duda, es ahora que se liberaliza el control constitucional autorizando ahora a todos los jueces nacionales, incluyendo a los jueces locales; pero ya se trata de una función consolidada con mucha legitimación y que ahora nos podemos dar el lujo de que sea compartida con todos los jueces nacionales”, indicó.
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